Ante la intolerancia y la arbitrariedad, deben imponerse el diálogo y el consenso
Las instituciones, organizaciones y personas agrupadas en este espacio de reflexión y acción ciudadana, ante el golpe de Estado que se consumó el domingo 28 de junio, nos pronunciamos en los términos siguientes:
- El ya precario Estado de Derecho de Honduras ha recibido un duro golpe al violentarse los principios sobre los que descansa la legitimidad en el ejercicio del gobierno, principal consecuencia del golpe de Estado por el que se depuso al presidente José Manuel Zelaya Rosales. De este hecho es responsable la elite política y económica del país, aglutinada en el bipartidismo gobernante que, por esta vía, intenta salir fortalecido de la crisis en que lo sumió su incapacidad para administrar los bienes públicos, la corrupción y la violación sistemática de la Constitución de la República. GGGG
- La asonada, producto de la complicidad cívico-militar, por sus características, sólo prueba la incapacidad de nuestra clase política, y del mismo Presidente de la República, para dialogar y encontrar soluciones inteligentes y pacíficas a los conflictos; demuestra que la capacidad de aprendizaje del bipartidismo y los grupos de poder es precaria; pero, sobre todo, deja al desnudo la ausencia de voluntad para encontrar soluciones encaminadas a la búsqueda del bien común y el buen gobierno. G
- En lugar del diálogo, del consenso y la apertura política, se han impuesto la intolerancia, la artimaña y la arbitrariedad. La captura y expulsión del presidente Zelaya y otros miembros de su gabinete, el cierre temporal o la censura impuesta a varios medios de comunicación social, los límites a las garantías constitucionales, así como la distorsión de la verdad, son evidencias de los actos de fuerza en que incurrieron los protagonistas de los reprochables actos del 28 de junio. Con todo ello, pretenden enmendar la violación de la ley con violaciones similares a las que sirvieron como justificación para derrocar el gobierno de Zelaya. G
- Quienes desde este mismo espacio nos opusimos a toda intención de la Administración Zelaya para efectuar cambios constitucionales violando los principios republicanos, condenamos ahora todo afán que conduzca a fortalecer el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la determinación del rumbo político del país. Con la misma convicción condenamos el oportunismo y el cinismo de algunos sectores para obtener beneficios políticos de esta coyuntura y para propiciar la violencia y la intolerancia en nuestra sociedad, hasta llegar al extremo de desenterrar ideas y consignas que, en el pasado, sirvieron para justificar la guerra fría, la violencia fratricida, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y la violación sistemática de los derechos humanos. Y por ello rechazamos todo intento de manipular nuestra conciencia para hacernos creer que aquellos que ayer violaron los derechos humanos y el Estado de Derecho son ahora los defensores por excelencia de la Constitución de la República, de la democracia y el buen gobierno. G
- Por otra parte, valoramos el papel desempeñado en este momento por la comunidad internacional en la defensa del orden constitucional, pero nos preocupa que el país esté en riesgo de ser aislado de sus relaciones económicas y políticas. Antes de tomar una determinación de este tipo, consideramos que la comunidad internacional deberá estudiarla en todas sus dimensiones, puesto que, como se ha demostrado, el aislamiento no afecta a la clase política corrupta que dirige un país, sino que a la población más desfavorecida. Honduras se encuentra al borde de la calamidad económica, con la lógica consecuencia social que ésta conlleva. A la precariedad estructural, se suma la falta de un Presupuesto General de la República, la paralización de la inversión pública y la ausencia de un plan anticrisis. Por tanto, la decisión de aislarnos podría profundizar la crisis, en lugar de contribuir a su solución. De igual manera, consideramos que el aislamiento político sólo servirá para que la clase política goce de mayor libertad para actuar arbitrariamente, al no contar con la mirada interesada de la comunidad de las naciones. G
- En esta difícil coyuntura deben imponerse el respeto irrestricto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos, el respeto y la tolerancia a la libertad de expresión e información, así como la solución pacífica de los conflictos, en lugar de la represión. La racionalidad y el diálogo, fundamentados en el interés de la Nación y en el marco jurídico correspondiente, son una respuesta válida en la medida que expresan sensatez, madurez política y responsabilidad ciudadana ante las decisiones erradas de los bandos enfrentados. G
- Por todo lo anterior, hacemos un llamado a la ciudadanía para que, ejerciendo su derecho a pensar, opinar, vigilar y criticar, no comprometa su voluntad soberana con una falsa salida a la crisis política e institucional que sólo servirá para profundizar la mediocridad y la corrupción en el manejo de los asuntos públicos. Más que de una nueva Constitución, Honduras está sedienta de una ciudadanía autónoma y propositiva con capacidad para incidir en las políticas públicas y exigir cuentas claras a sus gobernantes. La crisis que estamos viviendo es quizá el detonante para encontrar el rumbo como colectividad comprometida con el bienestar de Honduras y su gente, más allá de los caprichos y ambiciones de los caudillos.
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de julio de 2009
Pastoral Social CARITAS
Comunica
Familia Torres Funes
Thelma Mejía
Marvin Barahona
Isolda Arita
Héctor Hernández
Efraín Díaz Arrivillaga
José Filadelfo Martínez
Lourdes Aguilar
Familia Colindres Morales
